Barcelona, 17 de septiembre de 2024 – Desde la Comisión Catalana de Acción por el Refugio (CCAR) condenamos el asesinato del defensor Juan López por su labor de defensa de la tierra contra el proyecto de minería en el río Guapinol (Honduras). El defensor formaba parte del Comité en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP), organización aliada con la que trabajamos y acompañamos desde la CCAR.
Según denuncia la organización, el defensor fue asesinado el pasado 14 de septiembre cuando salía de la iglesia de su barrio a manos de sicarios que le dispararon desde una moto. El asesinato se ha producido días después de que Juan López exigiera la renuncia del alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por sus vínculos con el narcotráfico.
La criminalización y hostigamientos contra los defensores de la tierra y el medio ambiente persiste en Honduras, y particularmente contra la comunidad de Guapinol. El año pasado asesinaron a Óscar Oquelí Domínguez Ramos, Aly Domínguez y Jairo Boilla, tres defensores del río Guapinol, dos de los cuales eran hermanos de Reynaldo Domínguez -presidente de la Junta del Agua de Guapinol y parte del CMDBCP, con quienes trabajamos desde hace años desde la CCAR.
Honduras es uno de los países más peligrosos para las personas defensoras de los derechos medioambientales, en un contexto en el que los proyectos extraactivos cuentan con el aval del estado y destruyen los recursos naturales de las comunidades. El CMDBCP y la comunidad de Guapinol ha estado en lucha contra el proyecto minero desde 2014. Desde entonces, además de los asesinatos de miembros de la comunidad, ocho defensores fueron encarcelados durante dos años y medio por la organización de protestas pacíficas contra el megaproyecto. El asesinato del defensor Juan López es una muestra de los intereses económicos y políticos de los proyectos que atentan contra los territorios y el medio ambiente en el país y la región.
Condenamos el asesinato del defensor Juan López e instamos a las autoridades hondureñas a llevar a cabo una investigación de los hechos de manera imparcial, exhaustiva, transparente y que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, ya impartir justicia identificando a los responsables materiales pero también lectuales del crimen. Instamos al estado de Honduras que garantice la protección de los defensores y defensoras del medio ambiente y que detenga la criminalización contra el colectivo.
